Postales del conflicto

Vereda Morrón y Sinaí

Pueblorrico, 2009.

Cuando ella tenía 40 años, desaparecieron a su madre. Sucedió la noche del 29 de abril de 1996 y hasta el 3 de mayo de 2021 no la habían encontrado. Vivía junto a su esposo, hijo e hija en una tierra que su madre le había regalado en el 91 antes de desaparecer, allí construyeron su casa, tenían un pesebre y cultivaban la tierra. Poco después, llegaron su hermana y su sobrino, quienes se asentaron en la casa y las tierras de su madre. Él había estado en la cárcel y como era miembro de las Autodefensas, los paramilitares no tardaron en llegar y tratarlas como propias.

De ahí en adelante la tranquilidad se volvió una extraña y las amenazas se hicieron una constante. Ella vivió así hasta el 2 de junio de 2009, resistió trece años hasta que ese día las amenazas se convirtieron en el mango de un arma golpeando su cara, las púas del alambre amarrado en sus pies, el ojo de la pistola apuntando a su hija y nieto y en estas palabras: “si mañana a las 6 de la mañana se encuentran aquí son todos muertos, venimos y los rematamos a todos”. Dejó atrás su tierrita, su casa, su esposo y todo lo que conocía para irse a Medellín, antes de partir, unos vecinos denunciaron a la policía las amenazas, pero no hicieron algo en su favor. Después, ella se enteró de que los paramilitares habían ido a su casa porque sus hermanas la acusaron de ser una colaboradora de la guerrilla.

Su esposo solo resistió un año hasta que se reencontraron. Habían dejado su vida y aunque intentaron regresar un año después, las amenazas seguían siendo la constante. Para 2021 no había regresado a sus tierras, solo sabía que su casa estaba en mal estado y que no era la misma que dejó, pero al menos el Estado reconoció que son de ella y de su familia.

Posdata: la violencia que se presentó en la vereda Morrón y Sinaí se reconoce como un hecho notorio, la llegada de los paramilitares a la casa de su madre respondió a la expansión y fortalecimiento del Bloque Suroeste de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Este recibió apoyo y colaboración tanto de los terratenientes que querían protección de la guerrilla, como de la fuerza pública que ignoraba las denuncias de las víctimas

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